El Congreso vota hoy la ‘Ley 25’ de emergencia social

Por fin ha llegado el día. Hay cosas que no pueden esperar. Hoy se vota en el Congreso de los Diputados la Ley 25 de Emergencia social.

La iniciativa persigue la universalidad de la sanidad, el acceso a los medicamentos, a la vivienda y al suministro energético para las familias o colectivos más vulnerables y que han sufrido más la crisis económica.

Abogamos porque en un plazo de tres meses las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o fondos de inversión pongan a disposición del “interés general” un registro de viviendas vacías para las familias que pueden ser desahuciadas.

Asimismo, pedimos la garantía del suministro eléctrico para evitar cortes de luz o de gas por impago de facturas, bien a través de un bono social o bien obligando a la compañía suministradora a no cortar el suministro.

Con esta iniciativa, la autoridad judicial podría requerir a los servicios sociales un informe que valore la vulnerabilidad de estas personas con el fin de que puedan acceder a un listado de viviendas vacías, garantizando así su realojo.

La oferta de realojamiento se dirigiría a colectivos sociales más débiles, como menores, personas enfermas, dependientes, discapacitadas o víctimas de violencia machista. En este último caso, la “Ley 25″ aboga porque estas mujeres tengan garantizado el acceso a la vivienda pública con todos los suministros, cuando estén en precariedad económica debido a la violencia sufrida.

Podemos solicita a la Cámara el establecimiento de un alquiler social por un período mínimo de tres años con una renta que no supere el 30 % de los ingresos de la unidad familiar o el 15 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Otra de las peticiones que votará el Congreso es la creación de un bono social de acceso a suministros energéticos, como gas y electricidad, para hogares vulnerables así como un Consumo Mínimo Vital mensual, que sería fijado anualmente por el Ministerio Industria.

En cuanto a la dificultad de acceso a la medicación por motivos económicos, la iniciativa parlamentaria quiere suprimir el “copago farmacéutico”.

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